Por Nelson Vargas
En momentos en que la institucionalidad democrática exige mayor fortaleza y credibilidad, resulta oportuno reflexionar con serenidad sobre el papel de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y, en particular, sobre la gestión de su presidenta, la Dra. Emma Polanco.
La sociedad dominicana ha demandado, de manera constante, mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. En ese contexto, la publicación de auditorías pendientes constituye no solo una facultad, sino un deber ineludible de ese órgano fiscalizador. Muchas de esas auditorías, según se ha comentado en distintos espacios, habrían permanecido engavetadas durante gestiones anteriores, posiblemente vinculadas a intereses políticos que hoy deben ser superados.
Es importante recordar que, al asumir la presidencia en 2012, el entonces mandatario Danilo Medina hizo referencia a una situación financiera compleja, describiendo la transición como la recepción de un “maletín lleno de deudas” o un “cajón vacío”, en alusión al estado de las finanzas públicas tras la administración de Leonel Fernández. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de que las auditorías correspondientes a ese período sean conocidas por la ciudadanía, como parte del ejercicio legítimo de rendición de cuentas.
No obstante, cada vez que se plantea la posibilidad de que dichas auditorías sean publicadas, surgen voces que intentan desacreditar tanto a la institución como a quienes la dirigen. En una democracia madura, las críticas son válidas y necesarias; sin embargo, también lo es exigir que estas se sustenten en argumentos responsables y no en intentos de deslegitimación preventiva.
La Dra. Emma Polanco conoce la magnitud del compromiso que ha asumido frente al país. Su trayectoria académica y de servicio público le confiere la responsabilidad de actuar con apego a la ley, la ética y el interés nacional. Publicar las auditorías pendientes no debe interpretarse como un acto político, sino como una contribución esencial al fortalecimiento de la transparencia, la institucionalidad y la confianza ciudadana.
Desde la sociedad civil, especialmente aquellos sectores que han mantenido una lucha constante contra la corrupción, se espera que la Cámara de Cuentas actúe con firmeza, sin ceder a presiones y colocando siempre el interés colectivo por encima de cualquier conveniencia particular.
La transparencia no debe temerle a la verdad. Por el contrario, es en la verdad donde se construyen las instituciones fuertes que demanda la República Dominicana.
