Por: NELSON VARGAS
La Constitución de la República reconoce la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales del Estado democrático y social de derecho. Sin embargo, ese derecho no es absoluto. Su ejercicio debe armonizarse con otros principios y derechos constitucionales, entre ellos el respeto a la dignidad humana, al honor, a la reputación de las personas y a la institucionalidad democrática.
En ese contexto, considero oportuno expresar una reflexión sobre recientes valoraciones públicas dirigidas al presidente de la Cámara de Diputados, ALFREDO PACHECO.
Conozco a ALFREDO PACHECO desde nuestra juventud. Él desarrolló su liderazgo político en Cristo Rey, mientras quien suscribe, NELSON VARGAS, lo hizo en Guachupita. Ambos fuimos dirigentes de la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD) en el histórico Partido Revolucionario Dominicano (PRD), compartiendo una generación que asumió la política como un instrumento para servir al país, fortalecer la democracia y procurar mejores condiciones de vida para el pueblo dominicano.
Después de varias décadas de conocimiento personal y político, puedo afirmar que nunca observé en ALFREDO PACHECO la conducta que, en ocasiones, algunos comunicadores utilizan para describir a determinadas personas. Mi opinión se sustenta en la experiencia directa y en una relación de muchos años, no en percepciones pasajeras ni en juicios apresurados.
El comunicador EDUARDO SÁNCHEZ TOLENTINO (EL PIRO), cofundador de Somos Pueblo, ha relatado públicamente en diversas entrevistas aspectos difíciles de su pasado. Él mismo ha expresado que consumió marihuana y otras drogas, que estuvo vinculado a la vida de las calles y que posteriormente logró rehabilitarse. Esa transformación constituye un testimonio de superación que merece reconocimiento y respeto.
Precisamente porque esa historia ha sido narrada por el propio EL PIRO, entiendo que no corresponde extrapolar ese tipo de descripciones a personas cuya trayectoria ha sido distinta. Cada ciudadano debe ser evaluado por sus propios actos, su conducta y su historial de vida pública.
Los medios de comunicación y las plataformas digitales desempeñan un papel determinante en la formación de la opinión pública. Esa influencia exige un elevado sentido de responsabilidad ética y jurídica. La crítica política es legítima e indispensable en democracia, pero debe ejercerse con apego a los hechos, evitando expresiones que puedan afectar injustificadamente el honor o la reputación de las personas.
De igual manera, quienes ocupan la presidencia de uno de los poderes del Estado merecen el respeto institucional inherente a la función que desempeñan. Ese respeto no implica inmunidad frente a la crítica, sino el reconocimiento del papel que las instituciones desempeñan en la preservación del orden constitucional.
Saludo con entusiasmo la decisión de fortalecer la enseñanza del derecho constitucional en las universidades dominicanas. Estoy convencido de que una mayor formación constitucional contribuirá a elevar la calidad del debate público, fortalecer la cultura democrática y promover un ejercicio más responsable de la libertad de expresión.
Asimismo, considero necesario continuar promoviendo una cultura de responsabilidad en el uso de los medios de comunicación. La palabra tiene un enorme poder para construir o para destruir. Por ello, quienes cuentan con un micrófono, una cámara o una plataforma digital deben ejercer ese privilegio con prudencia, objetividad y respeto por la dignidad humana.
Finalmente, nuestro mayor compromiso debe ser con la juventud dominicana. Debemos trabajar unidos para ofrecerles educación, valores, oportunidades y esperanza, alejándolos del consumo de drogas, la violencia y otros males sociales que amenazan su desarrollo integral. Esa es una responsabilidad compartida por la familia, la escuela, los medios de comunicación, los líderes políticos y toda la sociedad.
El fortalecimiento del Estado constitucional de derecho exige ciudadanos libres, comunicadores responsables e instituciones respetadas. Solo así seguiremos construyendo una República Dominicana más democrática, más justa y más comprometida con las presentes y futuras generaciones.
