Por: Mtro. Nelson Vargas
La reciente resolución emitida por la Junta Central Electoral sobre la regulación de las encuestas electorales constituye un paso trascendental para la transparencia, la equidad y la libertad del voto en la República Dominicana.
Sin embargo, este debate no es nuevo. Mucho antes de que la JCE estableciera normas para los partidos políticos, quien suscribe, el Mtro. Nelson Vargas, había planteado públicamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo la necesidad urgente de reglamentar las encuestas dentro de los procesos electorales universitarios.
Durante años señalamos, en distintos escenarios y espacios universitarios, los peligros de las llamadas “encuestas a destiempo”, especialmente aquellas realizadas sin transparencia metodológica ni regulación institucional. En múltiples ocasiones criticamos prácticas impulsadas por firmas encuestadoras como PASDAL, no por motivos personales, como algunos quisieron interpretar, sino por una posición estrictamente institucional y democrática, orientada a fortalecer la transparencia electoral y la libertad del voto dentro de la academia.
Nuestra preocupación llegó incluso al plano formal. Remitimos una comunicación al Consejo Universitario solicitando la emisión de una resolución que regulara las encuestas en la UASD. Lamentablemente, dicho órgano nunca conoció la propuesta ni ofreció respuesta alguna. Se ignoró una iniciativa que hoy cobra mayor relevancia tras la decisión adoptada por la Junta Central Electoral.
La resolución de la JCE recoge precisamente aspectos que habíamos venido planteando en la universidad:
- Registro formal de las firmas encuestadoras.
- Requisitos técnicos y metodológicos para las encuestas.
- Transparencia sobre quién financia los estudios.
- Prohibición de difusión de encuestas en períodos previos a las elecciones.
La JCE ha demostrado preocupación por un fenómeno que también denunciamos reiteradamente en la UASD: el uso de encuestas fuera de tiempo y sin controles adecuados, capaces de alterar la percepción del electorado y afectar la equidad democrática.
Las encuestas sin regulación generan efectos dañinos para cualquier proceso electoral:
- Manipulan la opinión de los votantes.
- Crean artificialmente la percepción de “candidatos ganadores”.
- Desmotivan sectores electorales y condicionan el voto.
- Generan desigualdad entre candidatos con mayores recursos económicos y aquellos con menos capacidad mediática.
- Debilitan la transparencia y permiten violaciones sin consecuencias por falta de regulación.
La resolución de la JCE debe servir ahora como referencia para que la UASD asuma su responsabilidad institucional y reglamente sus procesos electorales internos.
La democracia universitaria también necesita reglas claras, transparencia y garantías de igualdad. En una institución donde cada cuatro años se celebran elecciones, debimos ser los primeros en establecer normas sobre encuestas electorales. No ocurrió así. Hoy la JCE marca el camino que la universidad debió recorrer hace tiempo.
Siempre hemos defendido que la transparencia no puede depender de intereses coyunturales, sino de normas claras y de una verdadera voluntad institucional de fortalecer la democracia. Ahora le corresponde a la UASD actuar.
