Por: Lic. Willy Geremias Encarnación Reinoso
Cuando una madre dominicana en un barrio humilde escucha en la radio que el Senado gastó cientos de millones de pesos en “asistencia social”, mientras en su comunidad no hay aceras ni agua potable, comprende que el problema no es de diagnósticos, sino de prioridades. En 2023, el llamado “barrilito” costó al país más de RD$368 millones y, entre las justificaciones, se incluyeron gastos tan cuestionables como concursos de belleza, artículos promocionales con la cara de congresistas, bebidas alcohólicas y hasta visitas al veterinario. ¿Ese es el cambio que se prometió en campaña?
República Dominicana no sufre por falta de discursos, sino por la incoherencia entre lo que se promete y lo que se hace. Muchos de los que se presentaron como “agentes del cambio” han terminado siendo parte del problema. Se han convertido en enemigos del cambio, porque desde dentro bloquean las transformaciones que ellos mismos anunciaron.
Privilegios que derrotan la reforma: el “barrilito” y las exoneraciones.
El barrilito fue señalado como un privilegio innecesario que debía eliminarse en la ola de renovación política de 2020. Sin embargo, cuatro años después, no solo se mantiene, sino que el monto destinado ha aumentado. Aunque algunos legisladores intentan justificarlo como un fondo “transparente” para asistencia social, la verdad es que el diseño mismo lo convierte en una herramienta clientelar: sustituye políticas públicas con favores personales y perpetúa la dependencia ciudadana de los políticos.
Lo mismo ocurre con las exoneraciones de vehículos. En principio, se crearon como un beneficio para facilitar el trabajo legislativo, pero en la práctica se han convertido en privilegios de lujo. Se importan vehículos de alta gama, se venden las exoneraciones, y, para colmo, algunos legisladores han declarado que si se eliminan, “habría que subirles el sueldo”. Ese tipo de comentarios solo aumenta la distancia entre representantes y representados, dejando claro que lo que se defiende no es el interés general, sino el interés personal.
Malas decisiones y peores comentarios
La política no solo se mide en leyes aprobadas, sino también en el ejemplo que transmiten quienes legislan.
El caso de Sadoky Duarte, diputado condenado por ultrajar a una agente policial, mostró cómo los filtros éticos de acceso a una curul han sido laxos durante años. La condena, aunque simbólica, dejó en evidencia que incluso quienes deberían ser guardianes de la ley pueden convertirse en sus infractores.
Rafaela “Lila” Alburquerque, al cobrar simultáneamente como diputada y embajadora, se convirtió en el emblema de cómo lo que debería ser inaceptable se normaliza en la política dominicana. Primero negó haberlo hecho, luego devolvió depósitos, y el episodio quedó en la memoria como un símbolo del “privilegio primero, escrutinio después”.
Raúl Mondesí, exdiputado y exalcalde, condenado por corrupción, representa otro rostro del mismo mal: líderes populares que, en lugar de fortalecer la democracia, la debilitan con el mal uso de los recursos públicos.
¿Ley de expresión o ley de mordaza?
Un Congreso que realmente quisiera el cambio debería ser el primero en garantizar la libertad de expresión. Sin embargo, en los últimos años han surgido proyectos de ley que buscan regular lo que se dice en redes sociales y medios digitales. Aunque se argumenta que es para “controlar excesos”, las organizaciones civiles y el sector académico han advertido que puede convertirse en una mordaza.
El problema no es reconocer que las redes pueden usarse mal; el problema es que se intente regular la crítica al poder con normas ambiguas. El verdadero cambio es proteger la voz ciudadana, no silenciarla.
Es cierto que no todos los legisladores actúan de la misma forma. Algunos han rechazado el barrilito, otros han defendido posturas técnicas y responsables. Sin embargo, los privilegios de unos pocos afectan a todos. La ciudadanía no juzga por casos aislados, sino por el efecto colectivo. Cuando el Congreso aparece en titulares por corrupción, exoneraciones vendidas o comentarios fuera de lugar, la legitimidad de toda la institución queda en entredicho.
Un Congreso que cree en el cambio
_ Crear un código de conducta legislativo que incluya un repositorio público de gastos, votos, ausencias y viajes de cada congresista.
_ Blindar la libertad de expresión, garantizando que cualquier reforma de medios o redes parta de los derechos ciudadanos, no del miedo al escrutinio.
_ Desarrollar una carrera legislativa técnica, con asesores preparados y evaluaciones basadas en impacto social, no en cantidad de proyectos.
Al final de todo, los verdaderos enemigos del pueblo ¿Quienes son?
Los enemigos del cambio no están en la oposición política ni en la crítica ciudadana. Están en los pasillos del Congreso, disfrazados de reformadores, pero cómodos en el privilegio. El cambio verdadero no consiste en repetir consignas, sino en renunciar a la ventaja personal, defender la transparencia y actuar con coherencia.
La democracia dominicana no necesita héroes, necesita instituciones adultas: un Congreso que diga “no” a los lujos, que rinda cuentas, que proteja el disenso y que escuche la crítica.
Porque, al final, los enemigos de la República no son los que señalan los errores, sino los que, teniendo la oportunidad de corregirlos, prefieren quedarse con los privilegios de siempre.
